En el segundo semestre de 2019, seis millones de mujeres fueron víctimas de algún delito sexual, es decir, cuatro de cada 10 mujeres mayores de 18 años, pero casi la totalidad decidió no denunciar. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI el 99.7% de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación en México no se denuncian, es decir, en violencia sexual prevalece la impunidad.
                                 
La ausencia de denuncias se debe, en gran medida, a la falta de incentivos que tiene la víctima para hacerlo y la falta de confianza en las autoridades, pues éstas carecen de perspectiva de género y generalmente actúan de manera revictimizante. Por ello, cuando una mujer sufre una agresión prefiere ahorrarse el viacrucis de ir al ministerio público y pasar por un proceso tortuoso en el que incluso corre el riesgo de ser nuevamente violentada y donde las probabilidades de justicia son casi nulas. Es decir, la violencia también es institucional pues los servidores públicos en general no atienden estos casos de manera adecuada. Este es el principal obstáculo que impide la reducción de la violencia de genero en nuestro país, porque entre las condiciones que un agresor toma en cuenta al cometer un delito están las posibilidades de ser sancionado y si estas son casi nulas, nada lo frena en su actuar.

Aún así y a pesar de la falta de denuncia, en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). 
Si a ello le sumamos los casos que permanecen en el anonimato, las cifras aterran. Alrededor de 3,800 mujeres y niñas cada año son asesinadas en el país, de las cuales solo 726 casos se investigan como feminicidios.

La violencia contra la mujer en nuestro país se ha normalizado. Todos los días hay mujeres asesinadas, violadas, abusadas y maltratadas y así seguirá siendo mientras no existan consecuencias para los agresores y para las autoridades que institucionalizan la violencia de género. Este año de pandemia, entre enero y septiembre según la ENSU 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar, es decir, la casa también es un lugar inseguro para las mujeres.

La falta de reacción de las autoridades y la incapacidad de establecer una estrategia de atención a esta problemática a dos años de gobierno es reprobable. Dos años perdidos en este tema, dos años sin una sola política pública enfocada a la prevención o atención y lo que es peor, dos años en los que sólo hemos visto recortes a las instancias encargadas de atender esta problemática y a los programas que contribuyen al empoderamiento de la mujer y a su independencia económica, elementos fundamentales para la prevención de la violencia.

Las movilizaciones de activistas y los reclamos y denuncias de colectivos han sido insuficientes para obligar al gobierno federal y a la mayoría de los estados a tomar medidas. La respuesta del presidente es que hoy existe libertad de expresión y por eso nos podemos manifestar, pero que las mujeres están mejor atendidas que nunca.  Destinan más recursos para sancionar a quienes han pintado bardas y monumentos en las manifestaciones feministas que para investigar los casos de violencia y sancionar a los agresores.

¿Cuántas asesinadas, violadas, golpeadas más necesita el gobierno para tomar acción y darse cuenta que es una lucha por defender nuestros derechos, nuestras vidas y nuestra integridad?

Consultora y directora general de Lima Diversidad e Inclusión
@lialimon

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